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Valida el Pleno de la Corte disposiciones en materia de seguridad nacional

Autor:
José de Jesús Cruz Sibaja
Fecha:

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de las impugnaciones a la ley orgánica de la administración pública federal, reformada mediante dos decretos publicados el 30 de noviembre de 2018.

El Pleno validó el artículo 30 bis, fracciones XIV, XVII, XVIII, XIX y XXI, donde se prevén facultades en materia de seguridad nacional en favor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al considerar que existe una amplia libertad de configuración legislativa para la distribución de los negocios del orden administrativo entre las diversas secretarías.

También validó -el artículo 31, fracciones XXV y XXVI, a través de las cuales se atribuyen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las facultades de planear, establecer y conducir la política en materia de contrataciones públicas, así como de fungir como área consolidadora de los procedimientos de compras y bienes, además de las contrataciones de servicios. ello al considerar que no existe una obligación constitucional en el sentido de concentrar en un solo ordenamiento, reglamentario del artículo 134 de la Constitución Federal, todas las disposiciones en materia de contrataciones públicas,

 El pleno validó el artículo 33, fracción XXI, segundo párrafo, donde se establece que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía, la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la ley de la industria eléctrica. lo anterior al determinar que la expedición de la regulación tarifaria corresponde a dicha comisión, pero a efecto de que la metodología para determinar dichas tarifas sea afín con la política energética del país, se otorga participación a la secretaría de energía.

Además, validó el artículo 21, donde se establece que para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, el Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.

Se consideró, entre otros aspectos, que se trata de instrumentos de apoyo de carácter orientador, para el mejor despacho de los asuntos del orden administrativo federal.

El estudio de estos asuntos continuará en una próxima sesión del pleno de la SCJN.

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