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La retroactividad penal a favor de sentenciados no aplica si afecta los derechos de las víctimas

Autor:
José de Jesús Cruz Sibaja
Fecha:
   
       
                   
   

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un Amparo Directo en Revisión, determinó que la aplicación retroactiva de la ley penal en beneficio de las personas sentenciadas no puede operar frente a una afectación tan intensa a los derechos de las víctimas al grado de que, a pesar de haber observado el marco jurídico aplicable en el momento en que se cometió el delito, se cancele la posibilidad de que accedan a la jurisdicción del Estado para reclamar sus derechos.  

Este criterio emana de un proceso penal en que el juez de origen y posteriormente el tribunal de apelación, condenaron a una persona por el delito de fraude específico.  

El sentenciado promovió un amparo directo en el que argumentó que debió aplicar en su beneficio y de manera retroactiva una norma que redujo el plazo para la presentación de la querella, lo que llevaría a que hubiera prescrito.  

El Tribunal Colegiado estimó que es imposible esa aplicación retroactiva, sin embargo, concedió el amparo para que el tribunal de apelación analizara todos los agravios formulados por el sentenciado.  

La Primera Sala consideró que la prescripción de la acción penal, más que un beneficio para la persona imputada o un derecho para las partes, constituye una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos como consecuencia de su inactividad.  

La Sala advirtió que las reglas de la prescripción operan para regular la conducta de las partes y la actuación del Estado a partir de la supuesta comisión del hecho ilícito y por lo tanto son instrumentales para el efectivo ejercicio de los derechos de la víctima u ofendido.  

La Primera Sala de la Corte estableció que en los casos en que se encuentran involucrados los intereses de la víctima u ofendido, así como los de la persona imputada, quienes actúan en un plano de igualdad, la interpretación que realicen las autoridades jurisdiccionales sobre la petición de aplicar de manera retroactiva la ley en beneficio del imputado debe realizarse con especial cuidado, con el objeto de salvaguardar de mejor manera todos los derechos en juego. 

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