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Jazmín Bonilla y Alfredo Narváez conversan con Miguel Carbonell sobre la resolución de la Suprema Corte a la controversia constitucional 56/2020, presentada por el Municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, donde se dilucidó, entre otros asuntos, si el Presidente de la República podía disponer de las aguas almacenadas en la presa “La Boquilla” para el pago de los adeudos del Tratado Internacional de Agua.

Alejandro Téllez conversa con Marisol González, Jacqueline Antúnes, Daniela Sánchez, Hisae Mendoza, Agustín Tepetate, Iván Reyes y Rafael Contreras, estudiantes de derecho, ciencia política y planeación y políticas metropolitanas, acerca de la resolución de la Corte a la controversia constitucional 91/2017 y analiza temas como la movilidad, las atribuciones de los municipios, la planeación urbana y la necesidad de hacer políticas públicas desde la ciudadanía.

Adriana García, Lupita Sánchez, Hisae Mendoza, Marco Antonio Padilla y Leopoldo Paniagua, estudiantes de biología, economía, derecho y ciencia política, conversan con Amadeo Díaz Moguel acerca de la resolución de la Suprema Corte a la acción de inconstitucionalidad en la cual invalidó diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, al establecer disposiciones que regulan aspectos específicos competencia de los municipios.

Brenda Torres, Aylin Paola Lugo y Alberto González, estudiantes de derecho y ciencia política, conversan con Amadeo Díaz Moguel sobre la resolución de la Suprema Corte a la controversia constitucional 121/2019, donde determinó en lo relativo a las competencias en materia de tránsito y vialidad, y validó preceptos que establecen, entre otros aspectos, la distribución de facultades para la expedición de licencias para conducir; la regulación de vías públicas y el tránsito por vías primarias.

Miguel Carbonell comenta con Ileana Penagos y María Félix Viera la resolución de la Suprema Corte a la controversia constitucional 121/2019 que fue presentada por el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contra diversas reformas y adiciones a la Ley de Movilidad estatal que, supuestamente, invadían las competencias municipales sobre tránsito y transporte.